PRM bajo presión: regidor Edickson Herrera enfrenta acusaciones de narcotráfico en EE. UU.

SANTO DOMINGO, República Dominicana — El regidor del Distrito Nacional por el Partido Revolucionario Moderno (PRM), Edickson Herrera Silvestre, conocido como "Yeyea", ha sido acusado formalmente por una corte federal del sur de Florida, Estados Unidos, por presunta participación en una red internacional de tráfico de cocaína. La acusación, presentada el 5 de marzo de 2025, implica también a José Eduviges Aponte Torres, alias "Buby" o "Meano", y al general retirado William Durán Jerez, alias "El General". 

Según el expediente, los acusados enfrentan tres cargos federales relacionados con conspiraciones para distribuir, importar y traficar más de cinco kilogramos de cocaína hacia Estados Unidos. Las actividades ilícitas habrían ocurrido entre mayo de 2020 y noviembre de 2022, con operaciones tanto en la República Dominicana como en el condado de Miami-Dade, Florida. De ser hallados culpables, podrían enfrentar penas de hasta cadena perpetua y multas de hasta 10 millones de dólares cada uno. 

El Partido Revolucionario Moderno ha iniciado una investigación disciplinaria interna "de manera oficiosa" contra Herrera, tras recibir denuncias informales sobre su presunta vinculación con el crimen organizado. El partido enfatizó que los actos individuales de sus miembros no comprometen la imagen institucional y reiteró su compromiso con el Estado de derecho y la legalidad. 

El presidente Luis Abinader se pronunció sobre el caso, afirmando que "todo el mundo tiene que enfrentar la ley" y destacando que, a diferencia de épocas anteriores, actualmente "las cosas no se esconden". Estas declaraciones reflejan una postura firme del gobierno frente a las acusaciones que involucran a miembros de su partido. 

Por su parte, el presidente de la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD), vicealmirante José M. Cabrera Ulloa, aclaró que la orden de arresto emitida por el Departamento de Justicia de EE. UU. es aplicable únicamente en territorio estadounidense y que, hasta el momento, no existe una solicitud formal de extradición por parte del gobierno estadounidense hacia la República Dominicana. 

La situación ha generado un debate sobre la necesidad de fortalecer los mecanismos de control y supervisión dentro de los partidos políticos para prevenir la infiltración del crimen organizado en las instituciones democráticas. Analistas políticos y organizaciones de la sociedad civil han instado a una revisión exhaustiva de los procesos de selección de candidatos y a una mayor transparencia en la gestión pública.​

Este caso también pone de relieve la importancia de la cooperación internacional en la lucha contra el narcotráfico y el crimen organizado. Las autoridades dominicanas han reiterado su disposición a colaborar con sus homólogos estadounidenses en las investigaciones y procesos judiciales relacionados con este caso.​

Mientras tanto, la ciudadanía espera una respuesta contundente y transparente por parte de las autoridades y del PRM, que demuestre un compromiso real con la legalidad y la ética en la función pública. El desenlace de este caso podría tener implicaciones significativas para la credibilidad del partido gobernante y para la confianza en las instituciones democráticas del país.