Periodistas dominicanos presentan querellas penales por difamación en medios digitales. 

SANTO DOMINGO — Un grupo de reconocidos periodistas dominicanos, entre ellos Marino Zapete, Edith Febles, Altagracia Salazar y Mariasela Álvarez, han anunciado acciones legales por difamación e injuria tras ser señalados falsamente de recibir fondos de la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID). Las acusaciones, difundidas por el comunicador Johnny Arrendel a través de redes sociales, han sido desmentidas por el propio Arrendel, quien admitió haber compartido información sin verificar su veracidad.

En su retractación pública, Arrendel expresó: “Mi grave error fue producto, en gran parte, de la efervescencia nacionalista derivada del momento político” . A pesar de sus disculpas, los periodistas afectados han decidido proceder judicialmente. Altagracia Salazar afirmó que llevará a la justicia a quienes difundieron la desinformación, señalando que “con la disculpa no es suficiente”.

Por su parte, Mariasela Álvarez instó a Arrendel a identificar a los autores intelectuales detrás de la campaña difamatoria, calificando su retractación como insuficiente y exigiendo responsabilidades claras . Edith Febles indicó que actuará conforme a las recomendaciones de sus abogados, mientras que Marino Zapete no ha emitido declaraciones públicas al respecto.

El presidente del Senado, Ricardo de los Santos, ha señalado la necesidad de establecer un régimen de consecuencias para contenidos difamatorios en plataformas digitales, destacando que no se puede permitir que las redes sociales se utilicen para difamar sin consecuencias legales.

El presidente Luis Abinader también se pronunció sobre el tema, advirtiendo que las acusaciones falsas contra periodistas afectan negativamente al país y que el gobierno podría considerar retirar la publicidad a medios que publiquen falsedades.

En la República Dominicana, la difamación e injuria están tipificadas como delitos penales según la Ley 6132 sobre Expresión y Difusión del Pensamiento. Las penas pueden incluir prisión de quince días a seis meses y multas, aunque en la práctica se han impuesto sanciones más severas, incluyendo indemnizaciones millonarias.

Este caso resalta la tensión entre la libertad de expresión y la responsabilidad en la difusión de información en la era digital. Los periodistas afectados buscan no solo reparar su reputación, sino también establecer un precedente legal que desincentive la propagación de noticias falsas y difamatorias en medios digitales.

Las acciones legales emprendidas por estos comunicadores podrían marcar un hito en la jurisprudencia dominicana respecto al manejo de la difamación en plataformas digitales, en un contexto donde la información se propaga rápidamente y las consecuencias legales aún están en proceso de adaptación a las nuevas realidades tecnológicas.